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La Junta de Castilla y León estima "poco probable" implantar ahora la jornada de las 35 horas semanales para los más de 80.000 empleados públicos de la Administración de la comunidad por su impacto económico de entre 110 y 120 millones de euros, en un momento de falta de ingresos dado que están pendientes las entregas a cuenta del modelo de financiación por parte del Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, informó del gasto que arroja el estudio de impacto de la aplicación de las 35 horas, acuerdo firmado el pasado mes de mayo con los sindicatos. Por ello, avanzó que habrá una reunión con los sindicatos firmantes del acuerdo para estudiar las posibilidades de llevarlo a la práctica, si bien aclaró que no será en este momento, como reclaman los agentes sociales, debido a la falta de ingresos, de lo que culpó al actual Gobierno en funciones por su "irresponsabilidad" y la falta de presupuestos.

No obstante, expresó el compromiso de la Junta de Castilla y León en cumplir el acuerdo con los sindicatos con una implantación progresiva a lo largo de la legislatura, que vinculó en todo momento a contar con los ingresos que debe transferir el Gobierno a la comunidad.

UGT y CC OO en Castilla y León calificaron ayer de "intolerable" y de "flagrante incumplimiento" del acuerdo firmado que la Junta retrase la aplicación de la jornada de las 35 horas en la Administración de la comunidad y advirtieron de que, si no se rectifica, habrá movilizaciones.

"La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las Administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto", argumentan ambos sindicatos, que añaden como en la notificación de la Junta se dice que se cumplen los tres.

Por otro lado, Igea aclaró ayer que las medidas correctoras que debe adoptar la comunidad para cumplir con el objetivo de déficit al cierre del ejercicio económico de 2019 no van a afectar al funcionamiento de los servicios públicos, en particular de los departamentos de Sanidad, Educación y Familia.

Francisco Igea respondió así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ante las preguntas de los posibles ajustes que deberá hacer la Junta para cumplir con el requerimiento del Ministerio de Hacienda, que fijó el déficit de 2019 en el -0,1 por ciento del PIB. Además, la Junta de Castilla y León achaca al mercado y un descenso de pedidos los eres anunciados por las compañías Renault España, con plantas en Palencia y Valladolid, e Iveco, si bien valora el "compromiso incuestionable" de éstas con la comunidad y la existencia de unos planes industriales de futuro.