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Los ayuntamientos y las diputaciones han luchado para poder gastar su superávit en las actuaciones que considerasen oportunas desde que se regulara en 2012 la regla de gasto que limitaba sustancialmente su capacidad inversora, cuyo origen fue la reforma constitucional del artículo 135 en 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria.
La norma se suavizó a partir de 2014 y los ejecutivos de Mariano Rajoy y en la actualidad de Pedro Sánchez han ido permitiendo a los municipios gastar su superávit en "inversiones sostenibles" si cumplían una serie de normas. Los últimos cinco años, las entidades locales de Castilla y León, gracias al relajamiento de las restricciones, pudieron acometer 1.323 actuaciones, con un desembolso global de 284,3 millones de euros.
Los informes elaborados por el Ministerio de Hacienda sobre la petición de inversiones sostenibles de los municipios y las instituciones provinciales, reflejan que los ayuntamientos sumaron un mayor número de actuaciones, 1.292, que las diputaciones, 31. Las obras acometidas por las diputaciones fueron mucho más importantes que las de los ayuntamientos, ya que sumaron 132,5 millones de euros para esa treintena de proyectos; cuando los consistorios gastaron 151,7 para más de un millar.
El departamento que dirige María Jesús Montero precisa que el número de actuaciones acometidas en los cinco años ha ido oscilando dependiendo del ejercicio, así como las inversiones. El año pasado se registraron 284 obras con cargo a las inversiones sostenibles, por un importe de 61,7 millones, la segunda mayor cifra del periodo. Sin embargo, no se superaron los 81,2 millones de 2017, para 243 obras. Asimismo, en 2016, ayuntamientos y diputaciones sumaron 306 inversiones sostenibles por 44,7 millones; en 2015, 294 por 60,7 por ciento; y en 2014, cuando se abrió la mano, 196 por 36 millones.
Comparativa
El informe del año pasado, publicado en los últimos días, pone de relieve que Castilla y León asumió en 2018 el 4,6 por ciento del importe global que gastaron diputaciones y ayuntamientos en España, con cargo a las inversiones sostenibles. Asimismo, la autonomía registró el 20,2 por ciento de las 1.405 actuaciones y encabezó la lista autonómica por número de obras. Así, el importe medio de las obras acometidas en la comunidad se situó en los 217.218 euros, cuando la media nacional ascendió a 954.989.
Los ayuntamientos que más superávit gestionaron para inversiones sostenibles fueron los de Madrid, con el 22,9 por ciento del total (307,73 millones de euros), seguidos por los de Andalucía, con el 16,2 por ciento (218,12 millones); y los de Cataluña, con el 14,3 por ciento (192,12). Al mayor número de obras de Castilla y León, le siguió el de Cataluña, 202; Aragón, 154; Castilla-La Mancha, 131, y Andalucía, 130.
Los ayuntamientos de Castilla y León asumieron el 5,45 por ciento (47,11 millones) de la cuantía de las inversiones globales en España, que ascendieron a 863,98 millones; y el 20,3 por ciento (279) de las 1.369 obras que acometieron. Los consistorios de la comunidad encabezaron en número de actuaciones, por delante de Cataluña, 199, y Aragón, pero se situaron muy por debajo en fondos de las más gastadoras, Madrid, con el 35,6 por ciento (307,73 millones; y la autonomía catalana, con el 16,9 por ciento (146,56 millones). Entre los ayuntamientos con más de cinco millones en inversiones, se situaron Valladolid, con 11,77, y Salamanca, con 7,67.
En cuanto a las diputaciones, asumieron el 3,05 por ciento (14,59 millones de euros) del global de inversiones sostenibles acometidas por estas instituciones en España, que ascendieron a 477,78 millones; y asumieron cinco de las 36 obras que acometieron en el conjunto nacional. El mayor volumen de fondos lo manejaron las diputaciones de Andalucía en 2018, con el 28,05 por ciento (133,99 millones de euros), seguidas por las de Canarias, con el 12 por ciento (57,54); y las de Galicia, con el 10,2 por ciento (48,8 millones).
Las entidades locales que pudieron invertir estaban en todo caso al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad Social, así como del periodo medio de pago a proveedores, y tuvieron que reflejar estas actuaciones en programas presupuestarios limitados a alcantarillado, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; industria; energía; comercio; ordenación y promoción turística; infraestructuras de transporte y recursos hidráulicos.
