La reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a revolucionar a gobiernos y organizaciones empresariales de toda España. Pedro Sánchez ha activado esta semana la cuenta atrás hacia la presentación de una propuesta de cambio de modelo que estará lista de aquí a ocho meses y con las mismas se han reanudado la toma de posiciones y los codazos por ganar la mejor situación en el relanzamiento de la carrera. Sin esperar, la confederación empresarial de la Región de Murcia ha convocado para octubre a las de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares para apuntalar la defensa de un sistema "más justo" para estos territorios. Son parte de los que en esta discusión más urgen la reforma -se sienten agraviados por el mecanismo vigente- y a buen seguro defenderán criterios distintos a los que trata de hacer valer Asturias dentro de un frente Noroeste "ampliado" que ya añade a Asturias, Galicia y Castilla y León a Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y tal vez Extremadura.

La dialéctica que el expresidente del Principado Javier Fernández articuló en su día al anticipar el "indiscutible conflicto político entre las formas cooperativas y competitivas de la organización federal" pone al frente levantino, acaso junto a Madrid, en posición de defensa de un sistema que plantea como criterio fundamental la población, y en algún caso la ordinalidad, entendida en su acepción más simplificadora como la demanda de que sean las comunidades con más capacidad de recaudación fiscal las que más fondos reciban en el reparto de la tarta de los ingresos tributarios del Estado.

Éstas serían las regiones "competitivas". La Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid y también Cataluña, que siempre se ha negado a discutir la financiación en un foro multilateral. En esas autonomías se habla de infrafinanciaciones y deudas históricas, de saldos fiscales que no equivalen a los fondos recibidos o del perjuicio financiero de las contribuciones a la solidaridad común.

Asturias abandera sin embargo la España "cooperativa", la del principio constitucional de solidaridad entre autonomías, la necesidad de que el dinero se reparta conforme a un criterio que pondere sobre todo el coste de prestación de los servicios públicos y los factores peculiares que condicionan esa factura, o la certeza de que su dispensación no cuesta lo mismo en el centro de las grandes ciudades que en la periferia agraria de una región de población dispersa, montañosa y envejecida. La visión de la ordinalidad exige que la distribución de los fondos de la caja común no agrande las desigualdades y respete el orden de renta, o de riqueza, entre autonomías.

El Noroeste encontró ayer al Gobierno de Cantabria prometiendo en la voz de su vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), "vehemencia", aunque el Ejecutivo cántabro no ha participado aún en las "cumbres" que ha celebrado el frente del Noroeste y que han convocado a Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha.