07 de agosto de 2019
07.08.2019

El Supremo anula el decreto que regula las residencias de mayores

El Alto Tribunal da la razón al sindicato de enfermería Satse y rechaza el recurso de la Junta, que es condenada en costas

06.08.2019 | 22:21

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El Tribunal Supremo ha acordado anular el Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León, dando así la razón al Sindicato de Enfemería Satse.

La resolución del Alto Tribunal confirma un fallo anterior en idéntico sentido del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictado en noviembre de 2018.

Satse, a través de un comunicado, considera que se hizo un decreto "a la carta" para las asociaciones empresariales que sobrecarga de trabajo, y más ahora en verano, a las enfermeras de los centros de salud al no haber suficientes sustituciones de enfermeros en las residencias. El sindicato impugnó este decreto porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al de 2001, ya que el ahora anulado despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar.

"De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas...recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes", advierte el sindicato.

La Junta de Castilla y León había presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2018 que anulaba dicho Decreto y el Supremo no ve motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a la Administración Autonómica, "lo que también es gravoso para las arcas públicas, sustentadas por todos los ciudadanos". Además, dicho Decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobarlo no hubo el estudio económico exigido legalmente. Para Satse es incoherente que la Consejería de Familia esté tramitando un nuevo decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo las mismas condiciones, "que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes". Por ello, critica que la Consejería de Familia siga insistiendo en seguir adelante con esta normativa.

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