El Tribunal Supremo rechaza admitir el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2018 que anulaba el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León, según informó Satse en un comunicado.
El sindicato de enfermería valoró ayer la decisión del Supremo que aseguró no ve motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a la Administración autonómica. Según Satse, ese decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobarlo no se realizó el estudio económico exigido legalmente. "Es incoherente que la Consejería de Familia esté tramitando un nuevo decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo las mismas condiciones, que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes", indicó Satse. Asimismo, criticó que la Consejería de Familia siga insistiendo en seguir adelante con esta normativa.
