La Junta recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la que se anula la exención de licencias ambientales concedidas a industrias agroalimentarias en el decreto que se especifican las condiciones ambientales mínimas para la instalación de estas industrias.
Así lo ha informado este martes a los medios el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha subrayado que, además de que esta sentencia "aún no es firme", en ella "solo se anula un artículo" del decreto del Ejecutivo "y no todo él".
Concretamente, en su fallo, el TSJCyL especifica que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y Leónley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, aunque hoy el titular de la Junta ha insistido en que "hay argumentos de sobra" para justificar el recurso que presentarán al Tribunal Supremo.
"Informes del Consejo Consultivo avalan el decreto de la Junta", ha especificado Suárez-Quiñones, quien ha defendido que las actuaciones de la Junta en acreditaciones medioambientales han sido "impecables".
Por este motivo, el consejero ha catalogado de "espurias" las informaciones remitidas por Ecologistas en Acción, que, en su opinión, hacen un "flaco favor" a la industria de la Comunidad y al medio rural.
"El futuro de nuestros pueblos está por encima de todo", ha expresado el consejero, quien ha explicado que con este decreto el Ejecutivo simplemente quería agilizar los trámites por los que la industria agroalimentaria puede instalarse en la Comunidad, aunque sin rebajar para ello los requisitos de cumplimiento medioambiental, ha sentenciado.
