El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declaró ayer en Anguix (Burgos): "Estoy funcionando y a partir del lunes estaré también funcionando en funciones" en respuesta a si la visita al Centro Protos de Alta Tecnología de Elaboración en esta localidad ribereña podría ser su último acto como responsable del Ejecutivo regional antes de la cita electoral del 26 de mayo.

En este sentido, Herrera señaló que tiene aún "unas cuantas semanas" como presidente -si bien en funciones- de la Junta y reiteró: "A partir del lunes en funciones pero hoy (por ayer) estoy funcionando". Así, en el "plano del funcionamiento", destacó tres reflexiones. La primera de ellas, valoró el dato conocido el lunes relativo a que Castilla y León es líder en España en prestación de servicios sociales, según el índice DEC 2018.

Castilla y León ocupa el primer puesto en la clasificación de comunidades autónomas que mejor prestan servicios sociales, con una nota de 7,45 puntos, por encima de País Vasco, con un 7,20, y Navarra, con 7,15, según el denominado índice DEC 2018 presentado en Madrid. El ranking es el que elabora cada año la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales sobre el desarrollo de estos servicios.

Se trata de un dato, dijo, que valoro "positivamente" y que, expuso, "viene marcando una voluntad durante muchos años, en colaboración con las diputaciones provinciales, ayuntamientos, Tercer Sector en materia de servicios sociales y con el gran protagonismo de los profesionales, que marcan por primera vez en la historia de los servicios sociales de Castilla y León el liderazgo en relación con los servicios sociales del resto del mundo".

La segunda de las reflexiones que quiso poner encima de la mesa tiene que ver con la firma ayer por la mañana en Valladolid del nuevo acuerdo entre la Junta, CSIF, UGT y CC OO para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas que entrará en vigor a partir del 1 de junio, según estableció la comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015, por el que se retoman los derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública.