El Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid ha archivado provisionalmente la investigación sobre la desaparición, denunciada por el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), de archivos digitales relativos a subvenciones concedidas a la sociedad Patatas Meléndez, propiedad de Javier Meléndez, marido de la exconsejera de Agricultura y exvicepresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para poner en marcha proyectos de investigación relacionados con el sector de la patata.

Fue Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural y director de Instituto Tecnológico Agrario con Milagros Marcos -sucesora de Clemente al frente de la Consejería de Agricultura-, quien denunció en la Fiscalía en marzo de 2018 que se había producido la manipulación de uno de los expedientes de la ayuda, en concreto, que habían desaparecido de los archivos digitales el contrato inicial y el informe final del proyecto. La Fiscalía vio indicios de delito y decidió derivar el asunto al juzgado, que ahora lo ha sobreseído, según una información del diario "El Norte de Castilla" recogida por Europa Press.

La Junta había denegado en 2017 el pago de casi 600.000 euros de una subvención de impulso a la agroalimentación al empresario patatero, ayuda a la que Meléndez accedió en 2009, cuando Silvia Clemente era titular de la Consejería de Agricultura. El empresario solicitante pleiteó contra la Junta para cobrar la subvención y fue durante el procedimiento contencioso administrativo, cuando el mismo recurrente solicitó una documentación sobre sus proyectos al Itacyl para aportarla al tribunal cuando se detectó que partes del expediente habían desaparecido.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con sede en Valladolid, falló en contra de Meléndez el pasado mes de marzo, al considerar que se intentó "cobrar dos veces lo realizado una sola vez". En la sentencia, que coincidió en el tiempo con la marcha de Silvia Clemente del Partido Popular y su presentación como candidata a las primarias de Ciudadanos, el TSJ decidió también remitir el asunto a la vía penal.