La Asociación Terra SOS-tenible y las Plataformas anti-minería de Castilla y León culparon a Ciudadanos y al Partido Popular de legalizar el "fracking" en la comunidad. La explotación de gas esquisto, paralizada por muchos ayuntamientos, será a su juicio, posible "gracias a estos dos partidos", que con el pretexto de la creación de puestos de trabajo y de una "minería sostenible", aprobaron la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (199), para incluir la minería energética, como explicaron a través de un comunicado.
Esta modificación entró en vigor el mismo día de su publicación, el pasado 16 de abril, "sin respetar los trámites de información pública ni de recurso por parte de la sociedad civil".
