Valladolid, Ical
La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) reivindicó ayer a los ayuntamientos como "agentes del cambio social y económico del país" en estos 40 años desde la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, según explicó su presidente, Alfonso Polanco, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva que aprobó una declaración institucional.
En ese sentido, el también alcalde de Palencia recordó que el pasado 3 de abril se cumplieron cuatro décadas de la constitución de los primeros ayuntamientos de la etapa constitucional y destacó que los gobiernos locales han contribuido a la transformación del país, a través de la consolidación de los derechos y mediante el avance social y económico.
Asimismo, Polanco reconoció que se han logrado avances en estos años que han convertido a los ayuntamientos en las instituciones "más cercanas", pero consideró necesario reclamar una nueva financiación local, puesto que argumentó los consistorios se encargan de competencias que no son exclusivas de ellos, por lo que a su juicio es necesario que cuenten con dotación económica.
Al respecto, Alfonso Polanco se refirió a los servicios sociales o algunas competencias en materia de desarrollo económico o las políticas de empleo. Argumentó que los ayuntamientos han tenido que hacerse cargo de estas medidas ante la demanda de los ciudadanos. Además, destacó que las entidades locales han demostrado que han sido "ágiles" y "eficaces" en la gestión.
De hecho, aclaró que no demandan la gestión de competencias sobre educación y sanidad, que apuntó está en manos de las comunidades autónomas, sino financiación para las que han asumido por la demanda de los ciudadanos. Además, remarcó que los ayuntamientos son las instituciones que primero están registrando un superávit en sus cuentas, lo que está permitiendo financiar el déficit de otras administraciones.
Por ello, consideró que el nuevo modelo de financiación local debe otorgar un mayor peso a las entidades locales, puesto que actualmente solo reciben en torno a un diez por ciento, frente a lo que se reparten la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
"Debemos ser resarcidos por el gasto histórico que venimos realizando al darles a los ciudadanos servicios que corresponden a las otras administraciones y que nosotros, en aras de su bienestar, les hemos prestado sin estar obligados a ello", recoge la declaración.
