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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presentó ayer la Orden que regula por primera vez y determina el contenido de la teleasistencia que, además de los servicios que ya ofrece la prestación tradicional básica del dispositivo domiciliario, incorporará nuevas tecnologías para predecir riesgos y adaptarse a las necesidades del usuario. En este sentido señaló que, una vez superados los trámites precisos, empezará a funcionar en 2020.

"Estamos dando los primeros pasos con la publicación en el Gobierno Abierto para que cualquiera pueda realizar las aportaciones o sugerencias que considere oportunas", dijo García, para añadir que la Orden se aprobaría después en un plazo de un mes, a lo que habría que añadir seis meses más para incorporar contenidos. "Los técnicos de Servicios Sociales serán los que finalmente determinen los servicios de teleasistencia avanzada de formas personalizada e individualizada en función de los apoyos necesarios para cada usuario", explicó.

La teleasistencia avanzada dará apoyo inmediato a las personas beneficiarias ante una situación de emergencia mediante una tecnología que permitirá telemonitorizar a la persona y a su entorno. "No se trata de un servicio único si no que se podrá complementar con otros que ya reciban los usuarios como los prestados en centros de día o de ayuda a la autonomía personal", indicó. A su vez señaló que esta prestación es un derecho ya para todas las personas mayores de 80 años, actualmente en torno a unas 30.000 y 13.000 de ellas dependientes, pero pueden acceder a ella todas aquellas personas que la necesiten ya que se está atendiendo toda la demanda y no hay lista de espera.

Tal y como señaló García, la teleasistencia avanzada permitirá analizar tanto los riesgos de los usuarios en el hogar como fuera del domicilio permitiendo así un servicio "mucho más personalizado, en mayores ámbitos y sobre todo proactivo, no respondiendo ya únicamente a situaciones de emergencia sino prediciendo también posibles riesgos que permitan una actuación anticipada".

Además, recordó las corporaciones locales son las titulares de la prestación -que luego gestionan ONGs como Cruz Roja o entidades privadas- mientras la competencia de regulación es de la Junta, al igual que la mayor parte de la financiación de la misma, en concreto hasta un 65 por ciento. "Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones han colaborado en la confección de la regulación de este nuevo servicio, algo que deriva a su vez de los compromisos adquiridos por la Junta en los acuerdos del Diálogo Social del 15 de febrero de 2018", indicó. En cuanto a la financiación, la consejera señaló que en el acuerdo marco de 2017, 2018 y 2019 se concretó para la teleasistencia básica una inversión del Gobierno regional de cuatro millones de euros.