Los padres con niños con discapacidad denunciaron hoy en Valladolid, de nuevo, la “total incertidumbre” que sufren por el futuro de la Educación Especial al considerar que la información es “contradictoria” y el momento actual político no les tranquiliza, con elecciones generales y autonómicas en los próximos meses.
Ante este panorama, temen que las comunidades autónomas tengan vía libre para legislar “en el sentido que deseen” y alertan de la presión que ejercerá el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al Gobierno actual y al próximo que salga de las urnas el próximo 28 de abril.
La Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, entidad adherida a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, que agrupa a más de 40 asociaciones de la comunidad, registró hoy el "Manifiesto en defensa de los colegios de Educación Especial" en la Delegación del Gobierno para que haga llegar al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. Un documento que deja claro que este tipo de centros son “agentes activos” en la inclusión social.
La presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia, Yolanda de la Viuda, aseguró que la educación en estos colegios garantiza desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, sus aptitudes mentales y físicas, así como desarrollar el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima.
El manifiesto recoge que la continuidad de los colegios de Educación Especial es un “derecho” de sus hijos y no se deben eliminar por una “mala interpretación” de lo que se entiende por inclusión. No en vano, De la Viuda subrayó que la inclusión no es compartir un espacio sino ser parte de la sociedad.
Las familias con niños con discapacidad mostraron su “intranquilidad” y “desconfianza”, pese a las declaraciones ayer de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien desmintió el cierre de los colegios de Educación Especial y considerar que ha habido una “manipulación” acerca de este asunto.
No en vano, el documento leído a las puertas de la Delegación recuerda que la ministra presentó la semana pasada el Proyecto de Ley, con una disposición adicional deja en la ambigüedad la situación de los colegios de Educación Especial al fijar un plazo de 10 años para dotar de recursos a los centros ordinarios y al establecer los colegios especiales como de referencia y apoyo a los normales.
