La deducción del 15 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hasta un límite máximo de 4.000 euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos de uso personal y no profesional en Castilla y León, que ahora supone un 0,44 por ciento del parque móvil, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019, pese a que la nueva norma se aprobará en este pleno de las Cortes. La proposición de ley, registrada en noviembre por el Grupo Popular, encara la recta final en el plenario con la posibilidad de acuerdo entre PP y PSOE.
