Discapacitados y dependientes de Castilla y León se ahorrarán más de 3,8 millones de euros debido a las mejoras en las normativas de precios públicos y de prestaciones que aplicará la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tras el acuerdo firmado ayer con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Carim). En concreto, se estima que estas medidas supongan un ahorro de 3,85 millones, para lo que la Junta de Castilla y León incrementará el gasto en 3,7 millones, tal como ha explicado la consejera, Alicia García, tras la firma del acuerdo.

En materia de precios públicos, se reducirá un 20 por ciento la aportación que el usuario debe realizar para el servicio de centro de día a las personas con discapacidad y mayores que vivan solos y que residen en domicilio sin cónyuge o pareja de hecho. Se calcula que en 2019 se beneficiarán de esta medida más de 1.500 personas que se ahorrarán cerca de 900.000 euros. Asimismo, se elimina el cómputo del patrimonio para las personas con discapacidad menores de 65 años con el fin de potenciar su autonomía -hasta ahora se tomaba el tres por ciento- y pasará a computarse sólo el 70 por ciento de sus ingresos por trabajo -hasta ahora se tenía en cuenta el cien por cien-. Cerca de 550 personas se beneficiarán de estos cambios, con un ahorro para ellas de 450.000 euros.

Por último, se incrementarán las cantidades de dinero disponible para actividades de integración social. En concreto, a las personas en viviendas se les garantizará siempre el 45 por ciento de la cuantía mensual de la pensión mínima de jubilación, en tanto que a los que están en residencias se les garantiza el 37 por ciento. Se calcula que en 2019 unas 3.000 personas podrían beneficiarse, con un ahorro total de 2,5 millones de euros.

Estas mejoras tendrán su reflejo en una modificación del decreto de precios públicos que se tramitará, según ha explicado Alicia García, con carácter "inmediato" para que sea efectiva "antes de terminar la legislatura".

En cuanto a la normativa sobre prestaciones de dependencia, se incrementará un 5,6 por ciento el importe de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Con esto se elimina totalmente la reducción adicional que aplicó Castilla y León del 15 por ciento en 2012 y que se palió con un primer incremento en 2018, completado ahora para beneficiar a casi 25.000 personas, con un coste para la Junta de 2,5 millones.

También se incrementará el porcentaje del coste del servicio que abona la Junta en la prestación vinculada, lo que se estima que beneficie a unas 4.000 personas con un valor de medio millón de euros, al tiempo que se incrementan las compatibilidades entre prestaciones para beneficiar a cerca de 2.000 personas con un coste para la Administración que rondará los 700.000 euros. Por parte del Carim firmó el acuerdo su presidente, Francisco Sardón.