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Los alumnos de las universidades públicas de Castilla y León se ahorrarán 269 euros en su primera matrícula de grado en el curso 2019-2020 respecto del actual, con la reducción de un 20,2 por ciento de los precios públicos recogida en el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. La Junta suma el 5 por ciento aplicado en 2018-2019, lo que supone una caída acumulada del 24,2 por ciento y 335 euros menos sobre 2017-2018.

La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, destacó que las tasas universitarias se sitúan por debajo de la media nacional con ambos descensos, al explicar el decreto de los precios públicos, aprobado hoy, por el que se reduce en un 20,2 por ciento las tasas de las primeras matrículas universitarias para el próximo curso.

Marcos resaltó que la reducción en un 20,2 por ciento de los precios públicos para el curso académico 2019-2020 correspondientes a la primera matrícula de las enseñanzas de Grado, sumado a la disminución del cinco por ciento de este curso 2018-2019, supone una bajada total del 24,2 por ciento respecto al curso 2017-2018, que supone un ahorro medio de 335 euros por alumno y curso en el próximo curso 2019-2020 respecto al curso 2017-2018.

Con esta reducción, en Castilla y León el precio medio por crédito, y en primera matrícula, será de 17,38 euros y se sitúa por debajo de la media española, cifrada actualmente en 17,55 euros, tal y como indica la "Estadística de precios públicos universitarios del curso académico 2018-2019", publicada el 11 de enero de 2019 por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según la referencia de la Junta.

De esta manera, la Junta de Castilla y León afirma que se cumple con el acuerdo adoptado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León el 12 de septiembre de 2018 encaminado a conseguir que los precios de las primeras matrículas de las enseñanzas de Grado para el curso 2019-2020 se situarán en la media española.

En la actualidad, los ingresos que perciben las universidades por precios públicos cubren entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de las enseñanzas en primera matrícula de modo que la mayor parte de la financiación universitaria se realiza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad.

La bajada en los precios de las matrículas que ahora se propone, de la que se beneficiará la totalidad de alumnos de Grado de las universidades públicas de Castilla y León -en torno a 57.000 estudiantes- supondrá de media, para una primera matrícula de 60 créditos, 269 euros menos que en el actual curso académico 2018-2019 y unos 335 euros menos si se compara con los precios aplicados en el curso 2017-2018.

De esta manera, la media de los precios de las matrículas de Grado en Castilla y León, que en el curso 2017-2018 se encontraba por encima del promedio nacional, quedará por debajo del mismo: 17,38 euros por crédito en Castilla y León frente a 17,55 euros por crédito en la media del conjunto del país.7

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Fernando Pablos, ha valorado el descenso en las tasas universitarias que acaba de decretar la Junta de Castilla y León para el próximo curso, aunque ha recordado que se basa en un acuerdo parlamentario impulsado por el PSOE y ha pedido su blindaje.

En un comunicado, Pablos ha reivindicado la necesidad de dar un paso más en la normativa que regula las tasas universitarias para blindar su estabilidad por debajo de la media española y evitar así "que ningún gobierno pueda llevar a cabo una subida tan abusiva como la que impulsó el PP".

Para Pablos, esta decisión de la Junta, aprobada en el Consejo de Gobierno "da la razón al PSOE, que durante años ha defendido que la propuesta de la Junta de dos bajadas del cinco por ciento era insuficiente para alcanzar la media de las comunidades españolas".

Por otro lado, La Junta de Castilla y León propone deducciones para que casi no paguen impuestos las empresas que creen empleo en el mundo rural y se mantengan al menos cinco años como una de las medidas para combatir la despoblación y que quiere que el Gobierno la incluya en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que prevé presentar en abril.

"Es una medida potente para atraer empleo", defendió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al entrar en detalle de una propuesta que dejó sobre la mesa el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su reunión con Pedro Sánchez el pasado 27 de noviembre en el Palacio de La Moncloa.

Del Olmo precisó que se trata de pedir al Gobierno que acuerde deducciones en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), cuando sea un empresario individual, por la creación de cada puesto de trabajo en el mundo rural, siempre condicionado a que se mantenga durante al menos cinco años.

La consejera explicó que de esa manera se lo volverán a trasladar al Gobierno en la reunión del próximo miércoles de la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes y avanzó que la Junta presentará como "más relevante" la reforma del sistema de financiación autonómica y la lucha contra la despoblación.