El protocolo de intervención educativa puesto en marcha de forma experimental el pasado curso por las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades ha detectado un centenar de casos de sospecha o riesgo de maltrato familiar a escolares en Castilla y León. Así, a través de los directores y orientadores de los colegios, se comunicaron 45 situaciones de este tipo en el apartado de toma de decisiones de 'Actuación Ordinaria', "con indicios más o menos fiables que luego son investigados", mientras que en 'Actuación Inmediata' hubo 57 casos, "con indicadores potentes", que confirmaron un grado evidente de la existencia de maltrato infantil a nivel doméstico.

Así lo precisaron a Ical fuentes del Servicio de Atención a la Diversidad de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, que depende de la Consejería de Educación. "Los docentes no califican el grado sino que es el entorno familiar del alumno afectado o a quien le competa hacerlo. Desde los colegios solo se da una voz de alarma en torno a la necesidad de llevar a cabo una actuación inmediata", apuntaron.

En este sentido, se procede al traslado desde los colegios de todas las provincias de la Comunidad la petición vía telefónica para tomar medidas "tanto a la Inspección educativa como a los organismos sociales competentes, policía y otras instancias", indicaron las mismas fuentes, que precisaron que en el ámbito de la actuación ordinaria como primer paso se sigue una investigación "para ver si realmente hay algo o simplemente ha existido una falsa alarma sobre maltrato".

En cuanto a la cifra de casos de riesgo o sospecha notificados a los organismos competentes fueron 83; los detectados en los que se ha realizado un 'Registro Tutorial de Observación' en Enseñanza Infantil y Educación Primaria fueron 24; los de 'Registro Tutorial de Observación' en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) sumaron 16; el número de Informes de Recogida de Información Elaborados por el Servicio de Orientación Educativa se elevaron a 42; y el número de confirmaciones de maltrato comunicadas por la entidades implicadas en el protocolo fueron siete.

El protocolo sobre maltrato en el entorno familiar -que comenzó su aplicación el pasado curso con carácter experimental- incluyó además acciones formativas para la sensibilización y formación de los profesionales educadores como necesidad y responsabilidad de toda la comunidad educativa a la hora de garantizar la seguridad del alumnado. Todas los colegios de las provincias de Castilla y León han seguido el mismo circuito interno, ya que se considera clave al profesorado en la prevención, observación, comunicación y detección de casos.