El TSJ declara nulo el catálogo de personal de la Junta por la "falta de motivación y de estudios"

El auto estima el recurso interpuesto por la Asociación de Letrados de Castilla y León. Según recoge la sentencia, no obra en el expediente la documentación técnica que explique las decisiones que se adoptan en el acuerdo impugnado. "No hay estudios preparatorios o informes de los puestos de trabajo tipo, ni de los puestos de trabajo integrantes de las relaciones de puestos de trabajo preexistentes, ni de éstas en su conjunto, no se especifican qué normas se tiene en cuenta para la clasificación y definición funcional de los puestos de trabajo, cuáles son los puestos que se consideran de idéntico contenido funcional, etc..", señala la sentencia, que incluso añade que "el número de puestos tipo que se contemplan en el catálogo son 81, pero no se sabe cuáles son las razones por las que son 81 y no cualquier otro número".

Así, el Tribunal continúa que no obran en el expediente administrativo, como exige la ley, los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al acuerdo impugnado, "por lo que se ha de entender que no existen".

Los magistrados aseveran que esta "falta de motivación y de estudios e informes" que justifiquen el catálogo "resulta especialmente incomprensible cuanto todas las partes están de acuerdo en que era preciso racionalizar y homogeneizar las relaciones de puesto de trabajo", dado que actualmente, según la letrada de la comunidad en la contestación a la demanda, existen en Castilla y León más de 700 tipos de puestos de trabajo.

Además, la propia sentencia señala que la situación actual responde al sistema organizativo y retributivo introducido con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas urgentes para la reforma de la Función Pública, para cuya implantación aquí fue precisa en su día una valoración de los puestos de trabajo. Por último, los magistrados inciden en que la naturaleza jurídica debería haber sido una disposición general y no acuerdo, por afectar al régimen de retribuciones. También, alega que "no ha habido negociación colectiva" y que "no hay motivación que justifique la atribución de determinado nivel de complemento de destino y el establecimiento del complemento específico".

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, acusó ayer a la Junta de Castilla y León de "asesinar" a la Función Pública tras conocerse la sentencia "demoledora" del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL.

Por esta razón, pidió responsabilidades políticas por el "impacto" que tendrá a partir de ahora, "si no se corrige y se empieza de nuevo", y advirtió de que el nuevo presidente de la Junta a partir de mayo "tendrá sobre la mesa una patata muy caliente" con este asunto.

Martín calificó de "varapalo" y "zasca en toda la boca" la sentencia de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, porque "anula la piedra angular de la Función Pública, el catálogo de puestos de trabajo" publicado en el Bocyl en 2017.

"Es como un dominó. Ahora se cae todo lo demás y se anula también la provisión de puestos de trabajo y los concursos de méritos, permanentes, abiertos...", sostuvo el dirigente socialista, quien incluso cree que repercute en la carrera profesional recientemente aprobada en las Cortes, que "plantea que el personal interino debía presentarse a oposición, en unas plazas que por esta sentencia quedan anuladas".

"La Función Pública está muerta; más bien asesinada", apostilló Martín, quien personalizó este hecho en cuatro personas. Por un lado, el procurador y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ocupó de esta responsabilidad a partir de 2007 como consejero de la Presidencia, y más tarde de Interior y Justicia. También, su sucesora "escudera" Isabel Alonso, a la que siguió la actual consejero de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que recogió las competencias de Función Pública en 2015, y que en la actual legislatura desempeña el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

Mientras, la Junta de Castilla y León estudiará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) que declara nulo de pleno derecho el acuerdo por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos, si bien considera que se trata de cuestiones formales y que se trata de una norma consensuada con los sindicatos del sector.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos, se refirió así a la sentencia emitida por el alto tribunal.

Marcos trasladó "tranquilidad" ante el fallo judicial, afirmó que "no se ha paralizado nada" y recalcó que se trata de una cuestión de forma, que van a estudiar para ver una solución, a la vez que remarcó que se trata de una norma consensuada con los sindicatos de la Función Pública.