La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó hoy la expulsión en la nueva PAC que ya se negocia, pero que no se aprobará en este mandato europeo que finaliza en mayo, de entre 15.000 y 18.000 perceptores de la comunidad que no pueden justificar al menos un 25 por ciento de ingresos procedentes del sector agrario, y que en España suponen 300.000 de un total de 700.000.

Así de crítico se mostró el coordinador regional de la organización, Jesús Manuel González Palacín, quien señaló que es uno de los principales retos del sector de cara al nuevo periodo 2021-2027.

“En Castilla y León ya tenemos un acuerdo de comunidad que es positivo, pero hay que ir más allá”, sentenció. Al respecto, recordó que a través de La Unión de Uniones ya han trasladado a los grupos parlamentarios en Bruselas un documento con propuestas para que se recojan en el proyecto, ya de cara al nuevo mandato que salga de los comicios europeos de mayo.

La principal pretensión “es sacar del sistema a estos falsos agricultores”, una apuesta “valiente y arriesgada, pero necesaria si se pretende el mantenimiento del sector, de los profesionales, de los que fijan población, pues estos activos han caído un 17 por ciento en diez años”.

Como ejemplo, señaló que en la provincia de Jaén se contabilizan 90.000 solicitudes de PAC, pero sólo 4.000 de agricultores activos o que cotizan a la Seguridad Social.

“Si seguimos repartiendo ayudas a todo el mundo, estaremos acabando con el sector”, comentó González Palacín, quien subrayó que en este sentido Castilla y León es de las regiones “más profesionalizadas” y que las ayudas “deben servir para apuntalar las explotaciones donde no llega vía precios”.

Durante la presentación del balance de año en el sector, el responsable autonómico de la organización agraria desgranó la situación por ramas. Así, habló de una “buena cosecha” cerealista, salpicada en parte por los bajos precios, que “no ayudan a mantener activos ni a incorporar jóvenes”, y altos costes de producción, como el gasóleo, que se ha disparado un 40 por ciento en los dos últimos meses.

Principalmente, lamentó el escenario que ahora se plantea para los remolacheros tras la decisión de Azucarera de reducir el precio en seis euros por tonelada.

“El cultivo rey del regadío será inviable con esta medida”, arremetió González Palacín contra Azucarera, y reclamó a las administraciones que “presionen” para salvarlo. Esta puntilla elevará la siembra de otros cultivos alternativos, que sin embargo podrían “saturarse y entrar también en crisis a bajos precios”.

Por ello, el 27 de diciembre han convocado una movilización en la molturadora de Miranda de Ebro, junto a Asaja y COAG, en protesta por esta reducción. Se celebrará el mismo día que la Alianza UPA-COAG salga a la calle en las de Toro y La Bañeza.