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El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, rechazó ayer la competencia "desleal" y a la baja en materia de impuestos entre las comunidades autónomas y abogó por una armonización fiscal. Además, defendió la necesidad de lograr una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Barrios, que participó este jueves en Valladolid en la celebración del Día del Economista, advirtió de los costes que supone la puesta en marcha de un sistema de gestión, recaudación e inspección de tributos propios, por lo que apostó por aprovechar la capacidad que ofrecen los cedidos para captar los recursos "suficientes", dentro de un sistema fiscal progresivo, para financiar las prestaciones sociales.

Igualmente, reclamó a las fuerzas políticas que no utilicen el sistema público de pensiones y reclamó un acuerdo con consenso en el seno del Pacto de Toledo en un escenario en el que recordó que los jóvenes se incorporan al mercado de trabajo con 30 años y salarios precarios, mientras la población cada vez está más envejecida, un problema demográfico que afecta en su opinión especialmente a Castilla y León, Galicia y Asturias.

En ese sentido, el presidente del CES en la Comunidad sostuvo que se debe buscar las fórmulas para hacer sostenible el sistema, puesto que expuso que de media una pensión se prolonga durante 20 años, si bien esta cifra crece en dos ejercicio cada década, por lo que señaló podría situarse pronto en los 26 años. Todo ello, dibujaría una pirámide invertida, en la que la base estaría formada por pensionistas y la cúspide, por cotizantes.

En la misma línea, el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, reclamó una gestión adecuada de los tributos, que dijo "algunas voces" piden subir, para que ofrezcan los recursos necesarios para mantener la calidad de vida de las nuevas generaciones. Así, también puso el acento en el reto al que se enfrentan las pensiones con los actuales sistemas de cotizaciones y reclamó a las administraciones unas cuentas públicas "fiables" y que se cumplan.