El presidente de la comisión parlamentaria de investigación sobre las cajas, Manuel Mitadiel (Cs), situó ayer la responsabilidad de su desaparición, lo que ha supuesto la pérdida de casi 5.000 millones en Castilla y León, en partidos políticos, sindicatos, directivos de los consejos de administración, presidentes de las entidades, Banco de España y Junta, si bien precisó que no tiene elementos firmes para la remisión de determinados hechos a la Fiscalía.

"No se salva nadie", sentenció en la rueda de prensa convocada para presentar las conclusiones de Ciudadanos a los trabajos de la comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, en la que durante más de un año han comparecido unas 60 personas.

El presidente de la comisión manifestó que sí ve hechos delictivos, como en los 400 millones de "regalo" de Banco Ceiss a Unicaja, pero advirtió de que no tiene elementos firmes para su traslado a la Fiscalía, ya que no han podido acceder a documentación que estaba protegida por secreto bancario, y además algunos de los hechos han prescrito.

En relación a las conclusiones, expresó su deseo de que el dictamen pueda estar elaborado antes del 31 de diciembre, aunque indicó que en aras al consenso se podría superar esa fecha.

Según Mitadiel, ni los gestores ni los órganos directivos "tenían nivel" para adoptar medidas de corrección en la gestión de las cajas y en "numerosos casos su comportamiento puede ser calificado de rapacidad", aunque admitió el impacto de la "burbuja" inmobilaria y de la crisis, pero añadió que "modulado" por quienes las dirigían.