Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró la obligación de la Junta de elaborar y aprobar "a la mayor brevedad" los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire para la media docena de zonas donde entre los años 2010 y 2014se han superado los valores objetivo para la protección de la salud y/o para la protección de la vegetación, establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico. El fallo, resultado de una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, señala que los planes autonómicos son independientes del Plan Nacional. La sentencia declara que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de España y del sur de Europa, poniendo de relieve que no se trata de un problema local y regional sino nacional e internacional.