Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer el proyecto de ley por el que se crea un impuesto a la central de Garoña por cada elemento de combustible gastado y depositado con el que se estima una recaudación de unos 15 millones de euros -son diez los que figuran en el presupuesto de este ejercicio- que se destinará a la zona de influencia y afectada por la planta, la burgalesa comarca del Valle de Tobalina.
La nueva ley, defendida en el hemiciclo por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, salió adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Podemos, IU y UPL y en contra de PSOE y Ciudadanos, ya que ambos advirtieron de la doble imposición -Comunidad Autónoma y Estado- que puede ser inconstitucional y dudaron incluso de su puesta en marcha y de su efectividad.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, detalló las razones que han motivado la creación de este nuevo impuesto extrafiscal y afirmó que Castilla y León se une a Cataluña y Castilla-La Mancha, que ya lo tienen, a la vez que defendió que se ajusta a las competencias autonómicas y a la normativa nacional.
En este sentido, desveló el informe recibido de la Secretaria de Estado de Hacienda, enviado a la Junta el pasado martes y remitido a las Cortes, sobre la posible inconstitucionalidad de este impuesto pero estimó que "no es concluyente". "Vamos a responder con argumentos que rebaten las observaciones y se tenga el mismo trato que con Cataluña, sin recurso Gobierno de España", precisó.
La consejera manifestó que el Gobierno central clausuró la central y debe poner en marcha un plan de reestructuración de la zona, que urgió igual que lo hicieron después los procuradores del PP Alejandro Vázquez e Irene Cortés en el turno para desestimar las enmiendas de PSOE, Podemos e IU.
En relación con el proyecto de Ley, la ONG Ecologistas en Acción trasladaron a través de un comunicado que el impuesto no tendrá carácter ambiental "de no cambiar los objetivos que persigue" ya que se concibió como "un intento desesperado de frenar el desmantelamiento de la central burgalesa" y no como un impuesto dirigido a "corregir" los impactos generados por la energía nuclear en Castilla y León. Además, el proyecto debatido en las Cortes "tampoco cumple con los requisitos necesarios para poder ser considerado como un impuesto ambiental", añadieron.
Una norma controvertida
Por otro lado, el parlamento rechazó ayer las enmiendas a la totalidad de los grupos Socialista y Ciudadanos sobre el proyecto de Ley de transporte público de viajeros por carretera, con un llamamiento de los 'populares' y del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que todas las fuerza de la cámara trabajen para mejorarla y aprobarla ante el vecimiento de los actuales contratos de concesión en diciembre de 2019.
Los votos de la bancada 'azul' evitaron que prosperaran las alternativas de socialistas y Ciudadanos a esta norma que la procuradora Isabel Blanco Llamas admitió ha avanzado "despacito", pero con el objetivo de lograr el consenso. Insistió en que es una "buena ley" por lo que animó a los grupos a mejorarla "entre todos", después de que el socialista Tino Rodríguez exigiera un compromiso con la financiación del transporte rural, las demandas del taxi y los sindicatos.
Peste Porcina
Las Cortes sí que aprobaron ayer la petición de reforzar las medidas que mejoren la bioseguridad en las granjas porcinas de Castilla y León e instar al Gobierno a que sólo se permita la entrada de animales con la calificación oficial de alto nivel para evitar la llegada de la peste porcina africana.
El procurador del PP Óscar Reguera enmarcó la iniciativa en la necesidad de medidas urgentes para el sector ante la confirmación de peste porcina africana en Bélgica, cuyo efecto es mortal, sin que haya una vacuna, y a la semana mueren la totalidad de los cerdos que la contraen. Así, afirmó que se corre el riesgo de una "pandemia mundial" porque afecta a Asia y ha llegado a Europa.
Para hacer frente a esta enfermedad, planteó cinco propuestas en su PNL como establecer controles en fronteras, que ya se realiza, reforzar las medidas que mejoren la bioseguridad de las explotaciones porcinas en Castilla y León, instar al Gobierno a convocar de manera inmediata la Mesa Nacional de la Caza para implantar con urgencia medidas adicionales de control epidemiológico e impulsar la formación y concienciación sobre la importancia epidemiológica que tiene el jabalí en la transmisión de esta enfermedad.
Podemos presentó una enmienda en la que pidió que se aplace la concesión de nuevas licencias y ampliaciones de granjas porcinas.
