La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, pondrá en marcha una serie de medidas en materia de movilidad sostenible entre las que se encuentran una deducción autonómica en el IRPF del 15 por ciento sobre el precio de venta, con un límite de 4.000 euros, para la compra de vehículos nuevos de energía alternativa siempre y cuando no estén afectos a actividades profesionales o empresariales, así como también una línea de ayudas en concurrencia no competitiva para la adquisición de vehículos eléctricos, con una cuantía máxima de hasta 5.000 euros, dirigida tanto a particulares como a autónomos, pymes y corporaciones locales.
La convocatoria se lanzará a finales de este año, tal y como recordó la directora general de Industria y Competitividad, Heidi Millán, que ayer participó en Ávila en una jornada de trabajo sobre Movilidad Eléctrica organizada en el marco del proyecto Prometeus de la Unión Europea.
