El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo un llamamiento ayer al Gobierno de España para que cuando adopte decisiones "legítimas" que supongan un mayor gasto autonómico, se tengan en cuenta también la financiación y así no se "endose" mayor déficit a las comunidades del ya existente. También en materia de financiación autonómica, Herrera reclamó que también se tenga en cuenta a la financiación local de los ayuntamientos.

En este sentido, el presidente de la Junta, que hoy participó en Zaragoza en una cumbre junto a los presidentes de Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla-La Macha para hablar de despoblación y financiación autonómica, recordó que existen instrumentos técnicos que permitan solventar la "alarma" generada tras conocer la notificación de las entregas a cuenta para los presupuestos del próximo año, que contemplan once anualidades de 2017 del impuesto del IVA. Herrera reconoció que se trata de recursos "muy importantes" que el Gobierno ha recibido y que, por lo tanto, consideró que tendrá que transferir "cuanto antes" a las comunidades. Al margen de estos asuntos "de rabiosa actualidad", Herrera se felicitó por el nuevo acuerdo suscrito ayer entre las seis comunidades participantes en este encuentro en materia de financiación autonómica por parte de unos territorios que representan a 9,6 millones de españoles y a más de la mitad de los municipios de España.

Para Herrera, este encuentro supone un acto político "lleno de normalidad constitucional" y un ejercicio "rabioso" de autonomismo constitucional "mayor de edad" que pretende ser "útil" para las personas, las familias, las empresas y los territorios, a través de las competencias autonómicas que les afectan más directamente, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia. "No necesitamos que nadie tutele un ejercicio de normalidad constitucional", algo que están haciendo seis comunidades "plenas". Esta cooperación "en positivo" evidencia el olvido de cualquier "enfrentamiento ideológico" o de las autonomías con el gobierno para abordar dos cuestiones "de interés general".