El proyecto de ley de Medidas de Apoyo a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de Eliminación de la Brecha Salarial de Género en Castilla y León prevé, entre otras medidas, ofrecer a las familias ayudas directas para la contratación de cuidadores de sus bebés, como complemento a las ayudas de guardería y deducciones fiscales.

Es una de las novedades que incluye este proyecto de ley, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno y que ha presentado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha confiado en que esta norma pueda convertirse en el "germen de un sistema nacional de conciliación", hasta convertirse en un "nuevo pilar del Estado del bienestar".

La ley, que ahora será remitida a las Cortes para su aprobación, se propone avanzar en la conciliación, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y en la eliminación de la brecha salarial de género, fundamentalmente por la vía del fomento de la promoción profesional de las mujeres y de la equiparación de derechos vinculados al cuidado de familiares, ya sean mayores o recién nacidos. La aplicación de la norma tendrá un coste estimado anual de 121,5 millones de euros, de los que cerca de seis se incorporan en el presente ejercicio por la vía de los acuerdos alcanzados en esta materia en el marco del Diálogo Social con sindicatos y empresarios.

Además, el anteproyecto de ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León prevé dejar atrás el denominado "1% cultural" -dinero dedicado a conservación patrimonial por cada obra pública adjudicada por más de 350.000 euros-, para elevarlo al 1,5%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha conocido el anteproyecto, la consejera de Cultura, Josefa García Cirac ha defendido la "filosofía nueva" en las políticas de patrimonio para ir "más allá de la conservación y la restauración" y consolidar estos bienes patrimoniales como "fuente de riqueza" de la comunidad. El anteproyecto, que no cuenta con memoria económica propia, se estructura en siete títulos, desarrollados en 86 artículos, además de 22 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales, fruto de las aportaciones de los diferentes interlocutores, tanto políticos como expertos en el ámbito del patrimonio.

Desarrolla contenidos como la caracterización del patrimonio desde la vertiente del derecho ciudadano a la cultura, y de la participación social; la relación del patrimonio con el desarrollo social y territorial; la corresponsabilidad en la gestión de los bienes culturales, a través de la incentivación de la cooperación mediante la concertación institucional y la colaboración público-privada; la búsqueda de la sostenibilidad técnica y financiera en las intervenciones que se realizan en los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural; el papel del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo económico; la inclusión de los valores del patrimonio cultural en el marco de referencia de la ordenación y gestión territorial; y la incorporación de los avances doctrinales y las consideraciones técnicas emanadas de la experiencia en la propia gestión y de la normativa internacional.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto-ley para elevar las retribuciones del personal al servicio del sector público un 0,25 por ciento, una vez que el 13 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó ese incremento al haberse verificado el cumplimiento del crecimiento previsto del 3,1 por ciento del PIB.