La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha reprochado al Gobierno central las "formas" de tramitar el Decreto-Ley 9/2018 que desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, durante la cual cree que se ha "hurtado" el debate y no se ha hecho con garantías. García, que ayer visitó un punto de encuentro familiar en Valladolid, se ha referido así a la aprobación el pasado 3 de agosto de este decreto-ley que, entre otras medidas, amplía los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género -los informes de los servicios sociales también serán válidos para ello--.
También modifica el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales. Alicia García ha incidido en que el decreto recoge medidas del Pacto de Estado, que se negoció y acordó con los grupos parlamentarios, comunidades.., algo que no se ha hecho con este decreto ley.
