La posibilidad que se abrió en 2014 tras años de restricciones, para que los ayuntamientos y diputaciones ya saneados pudieran dedicar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, permitió a las entidades locales de Castilla y León, acometer 1.039 actuaciones en los últimos cuatro ejercicios, con un desembolso global de 223 millones de euros.