El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá en las Cortes para dar "las explicaciones oportunas" sobre su conversación grabada por la UDEF en el caso "Enredadera" con el empresario José Luis Ulibarri -en prisión preventiva- y en las que le ofrece las obras de una carretera paralizadas por la quiebra de una empresa y ha defendido su absoluta legalidad.
En un audio distribuido por el Gabinete de prensa de la Junta, Suárez Quiñones, de profesión juez, ha mostrado su "profundo malestar y disgusto" ante la difusión de esta conversación y su intento por darle un carácter irregular u oscuro. El consejero ha defendido que su actuación se ha ajustado perfectamente a la legalidad y ha defendido su "limpieza" y "regularidad" en este asunto, al tiempo que ha defendido que su forma de actuar es siempre la de "no quedarse de brazos cruzados" antes los problemas, sino intentar resolverlos dentro del marco de la ley y en defensa del interés público.
En las grabaciones, Suárez-Quiñones pregunta a Ulibarri si le interesa la obra de una carretera, en concreto la LE-413, cuya obra de mejora entre Villadangos y Valcabado había quedado inconclusa tras la quiebra en 2017 de la empresa zamorana Arcebansa, adjudicataria del proyecto.
En la conversación Ulibarri afirma al ofrecimiento del consejero que la decisión para readjudicar la obra estando la adjudicataria en quiebra tiene que "venir de la mano de la Administración", a lo que Suárez-Quiñones contesta: "yo soy la administración".
En el audio distribuido por la Junta, el consejero detalla que esta carretera y su renovación de firme fue de las primeras actuaciones que puso en marcha la Junta dentro del bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras ya que se encontraba en un estado muy deficiente y soporta la circulación de tractores y otros vehículos de gran peso.
Esta obra fue licitada a Arcebansa, y, una vez iniciadas las obras, la empresa entró en concurso de acreedores y se paralizaron los trabajos. Según ha apuntado el consejero, el artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público indica que toda empresa adjudicataria puede ceder el contrato a un tercero en las mismas condiciones de la adjudicación, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. El primero, que lo autorice la administración y, el segundo, que la adjudicataria haya realizado, al menos, el 20 por ciento de la obra, aunque este último criterio puede quedar sin cumplirse si la empresa no lo ha realizado por entrar en concurso de acreedores, que es lo que ocurrió.
