Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, y los partidos de izquierdas con representación en las Cortes, PSOE, Podemos e IU, han suscrito un pacto de Comunidad en materia fiscal con el objetivo compartido de aumentar la capacidad fiscal y dotar a Castilla y León de un modelo "más progresivo y más justo" para hacer buenas políticas y blindar los servicios públicos con unos adecuados estándares de calidad.

Este es el principal objetivo del acuerdo impulsado por los secretarios regionales de UGT, Faustino Temprano, y CC OO, Vicente Andrés, que, tras reunirse con los responsables de todos los grupos parlamentarios han conseguido sumar a su propuesta fiscal a las fuerzas de izquierdas a pesar de que PP y Ciudadanos coincidían en el diagnóstico y en la falta de recursos para sostener el Estado de Bienestar en la comunidad.

Sin embargo, ha lamentado Vicente Andrés, las fuerzas de derechas no han compartido las propuestas sindicales para resolver esa carencia de ingresos, que han fiado al crecimiento de la economía regional - "insuficiente" para UGT y CC OO- y a la mejora de los recursos por la vía del nuevo modelo de financiación autónoma, con "serias dudas" por parte de los firmantes respecto a que sea una realidad en lo que queda de legislatura. En este sentido, tanto los sindicatos como PSOE, Podemos e IU han acordado impulsar una "ambiciosa" reforma fiscal en Castilla y León que permita paliar los 800 millones de euros que han perdido las consejerías desde el año 2008 a los que habrá que sumar otros 240 millones de euros que habrá que restar a las políticas públicas para alcanzar el déficit cero en 2020 junto a las nuevas rebajas en el IRPF en 2019, lo que evidencia, a su juicio, la "situación de urgencia" para mejorar los ingresos por la vía fiscal sin esperar a que lo solucionen otros. "Hoy se inicia un proyecto distinto para el futuro de Castilla y León en beneficio de las personas frente a las políticas neoliberales del PP y de sus adláteres de Ciudadanos", han compartido los firmantes, convencidos de que alcanzar este consenso antes de próximas las elecciones autonómicas garantizará al gobierno resultante el respaldo social y político necesario para afrontar el nuevo mandato con garantías.