El secretario de Acción Sindical de la FESP de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, cifró ayer en unos 20 millones de euros los atrasos que la Junta tiene pendientes con sus 80.000 empleados públicos y avanzó que, en la reunión de la mesa la Función Pública de este viernes, reclamarán que se incluyan en la nómina de agosto porque la Administración regional ya tenía previsto buena parte del dinero prespuestado con la subida salarial del 1,5 por ciento que no pudo aplicar el pasado 1 de enero.
Pérez Urueña explicó que la Junta de Castilla y León no aplicó el aumento del 1,5 por ciento al no haberse aprobado entonces los Presupuestos Generales del Estado. "Sólo tiene sumar subida del 0,25 por ciento previsto desde el 1 de julio", el secretario autonómico de Acción Sindical de FESP UGT recordó que por primera vez, los empleados públicos tienen un concepto variable en sus nóminas, este 0,25, que corresponde al cumplimiento por parte de la Junta del PIB previsto para 2017.
Desde la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Castilla y León aseguraron que la reunión de la Mesa de la Función Pública, de este viernes, tiene que salir el compromiso de la Junta para el pago de los atrasos en la nómina del mes de agosto, al no ser factible porque "se ha cerrado hoy", en la nómina del mes de julio. Para Pérez Urueña es "un mero trámite" para aplicar la ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018, publicada la semana pasada.
