El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona) ordenó la madrugada de ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario José Luis Ulibarri, tras ser detenido en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía por el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el titular del Juzgado finalizó a las 3.00 horas las comparecencias iniciadas sobre las 19 horas de este miércoles de cinco detenidos en la operación, con domicilios en Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañana.

El juez acordó prisión para Ulibarri, también investigado dentro de la trama del "caso Gürtel", y otra persona, y para los otros tres que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad con medidas cautelares como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Durante el día de ayer la Policía Nacional continuó con la puesta a disposición judicial del resto de detenidos pendientes de comparecer ante el magistrado instructor, ha precisado el TSJC, que ha explicado que de la cincuentena de detenidos en esta operación, está previsto el pase a disposición judicial de una quincena.

Los hechos investigados en la "operación Enredadera", según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que ha ordenado 55 entradas y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. El Juzgado de Badalona autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Además, el Partido Popular de León ha aceptado la solicitud de baja de militancia presentada por el alcalde de Astorga, Arsenio García, y sus concejales Manuel Ortíz y Javier Guzmán. García también ha puesto su cargo de presidente de la junta local de Astorga a disposición del presidente provincial, Juan Martínez Majo, tras los acontecimientos de las últimas horas en el marco de la denominada "operación Enredadera", informaron fuentes del partido a través de un comunicado.

Martínez Majo apeló a la "prudencia" ante todo lo que está ocurriendo, y expresó su confianza plena en la justicia y en la labor que está realizando. Por parte del partido, garantizó que estarán "muy atentos" a todo lo que vaya ocurriendo "hasta el esclarecimiento de los hechos". Majo recordó que en los estatutos nacionales del partido se prevé la suspensión cautelar de militancia cuando alguien está imputado o implicado en un proceso de este tipo y, desde el Partido Popular de León, "estamos actuando conforme a esos estatutos y en cumplimiento con lo dictaminado por el Comité de Derechos y Garantías del PP", concluyó.