Las Cortes de Castilla y León cerraron ayer filas con la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica acordado por consenso y en un marco multilateral y urgieron a que se presente una propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que termine el año.
Las propuestas de resolución de los grupos Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos, aunque con distintos enfoques en su redacción, recibieron el respaldo de todos los procuradores en la votación de las iniciativas en el debate de política general.
En la firmada por el PP, se pide que el Comité Técnico Permanente formule una propuesta antes de que finalice el año para su negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que de manera paralela se inicien los trabajos para abordar la financiación local.
El Grupo Socialista incluye la financiación autonómica en su bloque de acuerdos de comunidad y Podemos urge a que antes de concluir la legislatura estatal se proponga la revisión de este sistema con recursos suficientes para las comunidades en materia tributaria y fiscal.
"Las Cortes instan al Gobierno de España para que realice las actuaciones necesarias para definir, sin demoras, un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios previstos en el Acuerdo firmado el 13 de abril de 2016", refiere el texto de Ciudadanos que plasma el pacto suscrito entre el presidente de la Junta y los portavoces de los grupos políticos.
En tal sentido, refleja que el nuevo sistema debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las comunidades afectadas, "huyendo de cualquier tipo de negociación bilateral".
Despoblación
El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León plantea en sus propuestas de resolución en el debate de política general un decálogo de lucha contra la despoblación y retos demográficos con inversiones prioritarias y la implicación de todas las instituciones, tanto europea, como nacional, autonómica y provincial.
La elaboración en el plazo de tres meses de un mapa de las zonas de prioridad específica, la identificación en cada presupuesto de las medidas orientadas a la lucha contra la despoblación, la presentación en las Cortes de un informe de ejecución y la incorporación en todos los proyectos de ley de un informe de impacto demográfico.
