La Junta de Castilla y León implanta la jornada de 35 horas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre para los empleados públicos que no trabajan en turnos, en concreto los de la Administración general e institucional, como una medida de conciliación de la vida laboral y familiar, a la vez que el personal de sanidad y servicios sociales podrá disfrutar de tres días a partir del 22 de diciembre con sustituciones lo que supondrá un coste para las arcas autonómicas de ocho millones este año.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia y Función Pública, José Antonio de Santiago-Juárez, firmó ayer el preacuerdo con CC OO y UGT -CSIF se ha desvinculado- y las tres partes abogaron por que a partir de 2019 se vuelva a las 35 horas, después de que se ampliara a las 37,5 con las medidas puestas en marcha por la crisis. También se recoge que la reducción de la jornada en periodo estival será el próximo año del 1 de junio al 30 de septiembre.
De Santiago-Juárez garantizó, durante la presentación del preacuerdo junto a Carmen Ámez (UGT) y Ana Rosa Rivas (CC OO), que ningún trabajador se quedará "descolgado" y que el beneficio de las medidas de conciliación será para los 86.000 empleados públicos de la comunidad, si bien cada uno con sus peculiaridades.
Así, la jornada de 35 horas será para los empleados que no trabajan en turnos, es decir los que prestan sus servicios en la administración general e institucional, mientras que los que sí trabajan en turnos, como el personal sanitario y de servicios sociales, podrá contar con 3 días, a disfrutar el primero el 22 de diciembre y el resto a partir del 15 de enero de 2018.
Los tres días de libranza serán con sustituciones, lo que conlleva un coste de 8 millones este año, que se ampliará a 11 en 2019 para un total de cinco días.
En el caso de educación, con horarios dispares entre educación primaria y secundaria, se suprimirá una hora a la semana, pero será la Mesa Sectorial la que regule como se realiza.
