El conocido como impuesto a la central de Santa María de Garoña por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos depositados en la planta atómica situada en el valle burgalés de Tobalina, cuya recaudación de 10 millones de euros recogida en el presupuesto espera la Junta ingresar este año para inversiones en la zona, vio ayer la luz con la aprobación del proyecto de ley que amplía la afección medioambiental a las nucleares.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, detalló el contenido y objetivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del proyecto de ley que modifica la vigente normativa reguladora del Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por tres tipos de instalaciones con el objetivo de incorporar una cuarta modalidad, las centrales nucleares.

Del Olmo expresó su sorpresa por que la empresa Nuclenor, propietaria de la nuclear que se clausura, no haya presentado alegaciones cuando el texto estuvo expuesto a la participación en el Gobierno Abierto, afirmó que esperan que el almacenaje de los residuos en el depósito sea el menor tiempo posible y confió en que la ley se apruebe lo antes posible en las Cortes para que se pueda ingresar en las arcas autonómicas este año, dado que el presupuesto ya recoge una estimación de recaudación por este nuevo impuesto.

El Consejo de Gobierno aprobó además un nuevo decreto que busca ordenar las competencias en materia de contratación y gestión económica a la nueva estructura de Sacyl, tanto en servicios centrales como periféricos y adecuar este ámbito competencial a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, vigente desde finales del año pasado.

Además, se dio luz verde a una aportación dineraria de 82.749.321 euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. A lo largo del pasado año, la Consejería de Educación ha destinado a estas instituciones académicas más de 334 millones de euros. Por último, la Junta destinará 2.012.400 euros para disponer de 450.000 vacunas frente a la gripe con adyuvante, especialmente elaborada para su administración a personas con una capacidad inmunológica reducida.