Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con la abstención de 41 procuradores del Grupo Popular, tomar en consideración la proposición de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad, que promovieron el resto de grupos de la oposición. No obstante, los 'populares' pedirán la prórroga del plazo de presentación de enmiendas hasta que se apruebe una regulación estatal.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, votó con la oposición a favor de la toma en consideración "por error", según fuentes parlamentarias, mientras que los populares se abstuvieron ante la atenta mirada de los representantes de las organiaciones LGTBI+ (lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales y otras personas), que siguieron el debate en el pleno de las Cortes desde la tribuna de invitados. Un sonoro y continuado aplauso celebró, pese a las advertencias, que la propuesta legislativa inicie su tramitación en el Parlamento.

El texto, promovido por los grupos Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto, tendrá que esperar a que se apruebe una norma estatal para poder ver la luz, como reiteró el popular Jesús Alonso Romero, quien tomó la palabra para explicar la abstención del Grupo formado por 42 procuradores, si bien Silvia Clemente, procuradora por Segovia, apoyó la toma en consideración junto al resto de la oposición.

El parlamentario popular expresó que el PP es partidario de la aprobación de una norma autonómica cuando se haya aprobado la norma estatal para acabar con la discriminación. Además, expresó el compromiso "inequívoco" con los valores de la Constitución y la protección de todas las personas, de sus derechos y "de sus libertades".

Por el contrario, la socialista Ana Agudíez se mostró orgullosa de poder defender la "urgente" necesidad de contar con una norma de este tipo. El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, reconoció la "victoria" y el "éxito" que suponen los avances en la libertad sexual, pero admitió que queda "mucho por hacer" y consideró que Castilla y León no puede seguir sin una norma que reconozca los derechos del colectivo, un símbolo a su juicio de madurez democrática de la sociedad. Además, afeó que la Junta no haya presentado el texto, tras reuniones y contactos con las organizaciones.