08 de junio de 2018
08.06.2018

La Junta limita a un año la autorización para acogerse al régimen de teletrabajo

El Consejo de Gobierno destina 1,35 millones para mantener los 16 puntos de encuentro familiar y 430.000 euros a envejecimiento activo

09.06.2018 | 04:29
Milagros Marcos, en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno.

La Junta de Castilla y León limita como máximo a un año la autorización para prestar el servicio en régimen de teletrabajo por los empleados públicos de la comunidad, aunque quince días antes de que termine el plazo se podrá solicitar una prórroga por el mismo periodo, cuya concesión estará condicionada a las necesidades y a la inexistencia de otros solicitantes al mismo puesto en la unidad administrativa en la que desempeña su labor.

Ésta es una de las novedades del nuevo proyecto de decreto por el que se regula la modalidad de prestación del servicio en régimen de teletrabajo en la Administración de Castilla y León, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.

La Administración de Castilla y León se convirtió en 2011 en pionera al poner en marcha el teletrabajo, una modalidad a la que se han acogido hasta ahora 196 empleados públicos. La norma aprobada ayer nace del acuerdo entre la Consejería de la Presidencia y los sindicatos CSI-F, UGT y CC OO, después de la realización de una auditoria en 2016 por la Inspección General de Servicios, cuyos resultados se recogen.

Además, las federaciones provinciales de jubilados y pensionistas de Castilla y León recibirán subvenciones por un importe total de 430.012 euros para financiar los gastos necesarios para la coordinación y el desarrollo tanto del programa de promoción del asociacionismo como del programa integral de envejecimiento activo. En Castilla y León hay 2.591 asociaciones de jubilados y pensionistas, de las que 1.562 están federadas e integradas en la Red de Federaciones de Castilla y León y cuentan con 144.693 asociados, según ha informado en un comunicado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una subvención de 1,3 millones de euros a la Asociación para la Protección del Menor (Aprome) para financiar este año los gastos de funcionamiento de los 16 puntos de encuentro familiar de Castilla y León ubicados en las nueve capitales de la comunidad.

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