La Junta de Castilla y León pide al Gobierno que el importe conjunto de la estructura de fondos del nuevo modelo de financiación autonómica contemple una "recuperación mínima de la suficiencia" para sanidad, educación y protección social de 16.500 millones de euros. Una cifra que refleja, como señaló el Comité de Expertos, la diferencia entre el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y el gasto efectivo de las autonomías en 2015, el último año liquidado, que podría servir de base para la reforma.

Este objetivo de suficiencia mínima, según la Junta, permitiría recomponer la suficiencia del resto de servicios, que fue reducida "a la mínima expresión de dimensión del gasto". Y es que, como recuerda la Consejería de Economía y Hacienda en sus alegaciones al borrador del Informe del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación, la insuficiencia obligó a las autonomías a una rebaja del nueve por ciento del gasto total en sanidad, educación y protección social, pero "el esfuerzo de las comunidades por protegerlos" provocó una merma de más de 30 por ciento en los fondos para el resto de servicios.

El departamento que dirige Pilar del Olmo indica que ese objetivo de "suficiencia mínima" puede alcanzarse mediante una recuperación o ampliación de la participación real de las comunidades en los tributos compartidos; una ampliación de los impuestos cedidos o un mayor volumen de transferencias verticales. El instrumento concreto o la combinación de varios, indica la Junta, deberán ser acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Aunque el reto es ganar en suficiencia, el Gobierno regional exige que se recoja el compromiso de mantener la cláusula de statu quo, para sostener la garantía de que ninguna comunidad empeorará su situación financiera como consecuencia de la reforma del sistema.

El Ejecutivo también defiende que el modelo de financiación debe lograr "una igualación plena en la cobertura de necesidades de sus ciudadanos" y debe "garantizar la cobertura de todos los servicios a financiar y no únicamente a los denominados fundamentales". En este sentido, el Ejecutivo regional indica que la actual definición de población ajustada "no recoge la totalidad de las diferencias en necesidades de gasto" por lo que esta referencia "no puede ser considerada como el criterio válido de equidad del sistema".

La Junta lamenta que el Ministerio de Hacienda haya hecho caso omiso a sus peticiones "desde hace años" de la urgencia de efectuar estudios sobre las necesidades de financiación y las diferencia de costes en la prestación de servicios, para revisar la definición de la población ajustada. La Junta apela a una financiación que atienda a las necesidades reales basadas en factores como la superficie, la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento.

En este sentido, reclama en Sanidad, que se lleve a cabo sin mayor dilación la revisión de los índices de peso relativo de los distintos grupos de edad en el gasto. Fuera de los servicios fundamentales, rechaza la población absoluta para financiar competencias como la protección del medio ambiente, la construcción y el mantenimiento de carreteras, o la protección del patrimonio cultural.

En global, critica el Ejecutivo autonómico el documento elaborado por el ministerio de Cristóbal Montoro porque "es muy general e inconcreto y difícilmente puede servir como herramienta operativa para un debate político". Exige la Junta que el documento reconozca que las insuficiencias del actual sistema de financiación proceden de la mala definición en origen del sistema y, en segundo lugar, de la rotura del equilibrio financiero pactado en el año 2009 como consecuencia de decisiones adoptadas por el Estado en su aplicación.

Las alegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda también exigen una definición de los fondos del sistema de financiación autonómica, "innecesariamente complejos y de difícil comprensión", mucho más clara y sencilla. Denuncia la Junta que la estructura se basa en la propuesta de la Comisión de Expertos, cuyo "defecto" es que "no se basa en el principio de igualdad en el acceso a todos los ciudadanos a los servicios públicos gestionados por las autonomías, sino que incorpora en el diseño de los fondos la regla de ordinalidad", que beneficia a las más ricas.