La Junta de Castilla y León también reclama que se desvincule la financiación de las autonomías de la ausencia de presupuestos generales del Estado. Al respecto plantea que las entregas a cuenta se establezcan sobre previsiones de ingresos "no necesariamente encajadas dentro de los PGE".
En cuanto al déficit, indica que se pueda establecer un reparto vertical con métodos de cálculo preestablecidos que "consideren su factibilidad, considerando las responsabilidades de cada nivel de administración en el gasto, diferenciando la composición de su naturaleza social y atendiendo sus capacidades de ingresos". Por lo que se refiere a una posible reestructuración de la deuda de las autonomías, Castilla y León exige que las medidas que se adopten respeten "una igualdad de trato entre todas" las comunidades.
Por último, se reclama que se promueva que el Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema se reúna de forma periódica para analizar y emitir informes al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En lo que a la despoblación se refiere, la Junta considera "positiva" la referencia del documento del Gobierno, a la viabilidad de considerar la despoblación de algún modo en el próximo sistema, pero defiende que es necesario que "esa voluntad se plasme en un compromiso concreto, previos los estudios en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación, dentro del programa de trabajo general relativo a la medición de las necesidades de gasto".
