Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad solicitar que el Gobierno central promueva un Pacto de Estado por la ley de la Dependencia, pero rechazaron, con los votos del Grupo Popular, que se modifique la orden para que en el computo de las ayudas no se tenga en cuenta la renta familiar del entorno del dependiente, que sí contó con el respaldo de la toda la oposición.
La moción de Ciudadanos de cinco puntos recibió un respaldo parcial, puesto que el PP se sumó, con dos enmiendas, a que se elabore un plan de formación específico por el Gobierno dirigido a cuidadores no profesionales y establecer un marco de diálogo con el Tercer Sector en el reparto del IRPF social.
Ana Muñoz de la Peña (PSOE) y Laura Domínguez (Podemos) estimaron que la moción era parcial, recordaron que existe un plan a cuidadores en la ley que no se cumple, mientras que el ponente, José Ignacio Delgado, replicó que es mejor "conseguir algo que nada".
El procurador del PP Emilio José Cabadas sostuvo que se tiene que mirar la renta familiar como criterio en la determinación de la ayuda para expresar el rechazo al apartado de modificación de la orden para que no compute la capacidad económica del entorno familiar, en un punto que sí respaldaron todos los grupos de la oposición.
Sin embargo, el popular respaldó que se elabore un protocolo de actuación con el objetivo de facilitar toda la información necesaria y que se solicite al Gobierno un que promueva un Pacto de Estado por la ley de la Dependencia y Servicios Sociales, mientras que presentó dos enmiendas, aceptadas por el ponente, para que el Ejecutivo central elaboren un plan específico de formación a cuidadores e instar a la Junta sobre el modelo de subvenciones con cargo al IRPF social.
