Para el exconsejero zamorano de Caja España y coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, "estos cinco años han sido de absoluta tortura", declara su abogado, Ramón Hernández. El letrado, más que satisfecho con el resultado final, recalca que el procedimiento judicial ahora archivado ha sufrido "una dilación innecesaria que nunca debió producirse", puesto que el presunto delito que se le imputaba a Martínez Maíllo, junto al resto de componentes del Consejo de Administración, habría prescrito antes de iniciarse la causa, tal y como concluye ahora el juez en un auto "demoledor". Así lo demuestra el sobreseimiento libre, que implica que existe absoluta certeza de que, "de lo actuado, no hay ningún indicio de delito". Ramón Hernández ensalza un auto "ajustado a derecho y de rigor jurídico extraordinario", que descarta la administración desleal esgrimida por la acusación de la Fiscalía e IU. Una imputación que implicaría que el zamorano y el resto de consejeros formaron parte de un contubernio para perjudicar los intereses de la Caja y beneficiar a una persona, algo imposible "cuando el voto fue unánime" y "emitido por personas tan heterogéneas como afiliados al PP, al PSOE, a UGT o Asaja". El abogado zamorano incide en que votaron la mejor propuesta de la operación de financiación del Grupo Santos Llamas para la entidad, según acreditaban los peritos e informes previos del Comité de Riesgos, avalados por el asesor jurídico y que aprobó la Junta.