En la I República se especuló con la creación una Federación Castellana y en la II República se planteó la posibilidad de contar con un Estatuto. En 1931, "Diario de León" publicó un proyecto y en 1936, Misael Bañuelos hizo lo propio.

Villalar acogió sendas manifestaciones 1976 (400 personas disueltas por la Guardia Civil), 1977 (entre 15.000 y 20.000) y 1978 (más de 200.000). También el 25 de septiembre de 1977, convocados por el PSOE y apoyados por fuerzas tan dispares como el PCE, los carlistas y Falange Española, 25.000 personas salieron a la calle en Burgos tras el lema "Estatuto de Autonomía para Castilla-León", y en Valladolid, el 5 de marzo de 1978, fueron 75.000.

Después de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia y Andalucía, el proceso preautonómico empieza a andar en Castilla y León el 13 de junio de 1978, aunque el Gobierno retrasó dos meses su aprobación porque el acuerdo era de abril. El primer presidente del Consejo General fue José Manuel Reol Tejada, al que sucedió José Manuel García Verdugo. Pese a ello, Castilla y León fue la última comunidad en acceder a la autonomía.

Logroño y Santander dieron la batalla para constituirse en autonomía uniprovincial, mientras que en León se buscaba no adscribirse a ninguna comunidad ni constituirse como autonomía. En la provincia leonesa, el PCE apostaba decididamente por la unión con Castilla; el PSOE giró hacia la unidad en 1979 y en la UCD no se pronunciaba. Finalmente, La Rioja obtuvo sin problemas la autonomía, en Cantabria se mantuvo la posibilidad se sumarse al proyecto castellano y leonés hasta el último momento y León quedó adscrita a la comunidad. El papel de Rodolfo Martín Villa para convencer a los representantes de UCD fue fundamental.

En 1980, las posiciones de PSOE y UCD ya son claramente partidarias de la integración de León en la comunidad. En apenas nueve días, entre el 16 y el 25 de abril, los diversos ayuntamientos dieron su apoyo a esta unión, que también recibió el respaldo de la Diputación con solo un voto en contra. El 73,8 por ciento de los ayuntamientos que representaban al 83 por ciento del electorado, votaron a favor y solo 40 (el 10 diez por ciento del electorado) lo hizo en contra. Sin embargo, en enero de 1983, con la debacle de UCD en las elecciones, la Diputación dejó sin efecto el acuerdo adoptado e impulsaron mociones similares en los ayuntamientos, que no se tuvieron en cuenta y, finalmente, León participó del proceso autonómico desde el principio.

Fue el 15 de octubre de 1979, el presidente de honor de UCD en Segovia, Modesto Fraile, justificó su retirada del Consejo General de Castilla y León y, posteriormente, del resto de miembros de su formación en la provincia en que los parlamentarios burgaleses y el presidente José Manuel Reol Tejada, no habían ido a recibirle a su llegada a la reunión del Consejo en Burgos y, además, se había retrasado su celebración. En el fondo, latían las reticencias de estos representantes, más partidarios de una mancomunidad de diputaciones, al proceso autonómico. Finalmente, Segovia fue incorporada a la comunidad mediante ley orgánica sancionada por el Rey el 1 de marzo de 1983.

Las negociaciones entre UCD y el PSOE se desarrollaron en Tordesillas con proyectos dispares. Los nombres de los negociadores fueron variando: Demetrio Madrid, Jesús Quijano, Gregorio Peces Barba, Ciriaco de Vicente y Juan José Laborda fueron algunos de los socialistas; Rodolfo Martín Villa, José María Martín Oviedo y Salvador Sánchez Terán, entre otros, intervinieron por parte de UCD. El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, entonces catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, y el actual magistrado del Alto Tribunal Fernando Valdés, asesoraron en estas negociaciones.

En pleno cierre de las negociaciones con el PSOE, el Comité Regional de UCD aprobó, con los únicos votos en contra de los representantes burgaleses y el respaldo expreso de Martín Villa, que Tordesillas fuera la capital de la comunidad. "Todo; viene para aquí todo", se felicitaba Ignacio Camuñas, líder centrista vallisoletano. Las campanas de la villa del Tratado repicaron a media noche para saludar la feliz noticia y el alcalde de la localidad, el socialista Elías Pérez Barragán, se fue rápidamente al parador para repartir puros entre los presentes. En Burgos, la noticia cayó como un jarro de agua fría y fue el inicio de un intento, nunca consumado, de separarse de la comunidad. Finalmente una ley fijaría las sedes de la Comunidad

El mayor peso de los socialistas en las instituciones, incrementó la proporcionalidad en las disposiciones electorales del Estatuto y rebajó el peso de las diputaciones en la configuración de la comunidad. En los debates en el Congreso, el representante del Partido Comunista, Horacio Fernández Inguanzo, presentó enmiendas para que el Estatuto obligara al candidato a la Presidencia de la Junta a presentar un programa y someterse a un debate de investidura y el portavoz Alianza Popular, José María Ruiz Gallardón, quiso que los procuradores no estuvieran aforados. Ambas fueron rechazadas

Casi a punto de concluir el debate, Gabriel Cisneros pide la palabra para hacer ver que en el proyecto aprobado se decía castellanos-leoneses, aunque en la Comisión Constitucional se había decidido que fuera castellano-leoneses, "con o sin guión". Se pregunta a los diputados por el gentilicio y, por asentimiento, se decide que seamos castellanoleoneses. Posteriormente, en sucesivas reformas se quiso insistir en la importancia de la unión y se utiliza la expresión "castellano y leonés" si bien desde el ámbito académico y la Real Academia se recomienda que se emplee la expresión que fue aprobada por el Congreso.

(*)Información del libro "Castilla y León. El proceso autonómico", de Mariano González Clavero.