El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León plantea una "vuelta atrás" y la derogación de la norma que establecía desde 2016 la prohibición de las gasolineras desatendidas. Para ello, presentó una proposición de ley que tratará de acabar con la modificación introducida en el Estatuto del Consumidor al existir dos normativas estatales que dan respuesta a los objetivos de seguridad y accesibilidad y un expediente informativo abierto por la Comisión Europea a España.
El portavoz popular, Raúl de la Hoz, acompañado por el portavoz en Economía y Hacienda, Salvador Cruz, explicó que tratarán que la iniciativa se apruebe lo antes posible para que antes de Semana Santa pueda aplicarse. Además, explicó que no se trata de una rectificación, sino de una modificación a una medida que adoptaron todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Cataluña y Madrid, y otros estados miembros como Grecia o Italia.
En ese sentido, De la Hoz apuntó que la obligación de que las estaciones de servicio contaran con una persona se adoptó por razones de salud y seguridad en el suministro, ya que se trata de la manipulación de un combustible, y también de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Sin embargo, explicó que el Gobierno aprobó un Real Decreto en julio de 2017 con una instrucción técnica complementaria, que introducía aspectos en esta materia para las gasolineras sin personal. También apuntó que entró en vigor en diciembre del pasado año una disposición de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que impide la discriminación de este colectivo en las estaciones servicios. Igualmente, Raúl de la Hoz informó de que la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo, previo al sancionador, al considerar que los objetivos de seguridad y accesibilidad se podían lograr mediante otras normas menos restrictivas y que se ajustaran al derecho comunitario.
También recordó la iniciativa legislativa popular, respaldada por 16.000 firmas, de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), que señaló reúne todos los trámites establecidos en el parlamento.
El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, Manuel Jiménez Perona, advirtió de que es posible que los responsables de estos centros en Castilla y León puedan presentar reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante el coste que les ha supuesto la contratación de personal para dar cumplimiento a la Ley que se aprobó en octubre de 2016.
