12 de enero de 2018
12.01.2018

La Junta cree que el colapso en la AP-6 fue "inadmisible" y defiende su actuación

La Fiscalía de Madrid investigará las responsabilidades civiles por el atasco de la autopista en Segovia

16.01.2018 | 12:30

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no dudó ayer, cinco días después de que ocurriera, al afirmar que el colapso vivido en la AP-6 el pasado sábado, el día de Reyes, fue un hecho "inadmisible" para los miles de conductores que se vieron afectados por este suceso si bien ha defendido en todo momento la "adecuada" respuesta de la Junta de Castilla y León para recordar que los problemas se dieron en carreteras de titularidad del Estado ya que, aunque sí hubo incidencias en las autonómicas en estas no hubo problemas de inmovilización de vehículos.

Así lo aseguró Suárez-Quiñones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "La responsabilidad de la vialidad de las carreteras del Estado le corresponde al Estado", aseveraba el consejero de Fomento y Medio Ambiente que defendió la actuación de la Junta en materia de Protección Civil para atender con sus medios a las personas en situación de necesidad.

Para ello, la Junta habilitó cuatro centros como albergue de los que uno, el ubicado en el centro de formación del Ecyl en San Rafael (Segovia), "con una alta capacidad" no se tuvo que activar. En total, los otros tres centros acondicionados en el colegio público de San Rafael, una sala polivalente del Ayuntamiento de Villacastín y un edificio municipal de Arévalo (Ávila) atendieron a 335 personas que llegaron desde distintos puntos del embotellamiento en la AP-6. "Se dio el soporte que en ese momento necesitaban", aseveró el consejero quien destacó la coordinación de los efectivos competencia de la Junta al mismo tiempo que rechazó descargar responsabilidades fuera de sus competencias. Suárez-Quiñones explicó que desde las 15.00 horas del sábado 6 y hasta las 15.00 horas del día 7 la carga de trabajo en el 1-1-2 de Castilla y León fue 4 veces superior a la ordinaria con la atención de hasta 800 llamadas en una hora.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido investigar de oficio si hubo un posible delito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, "ejercitar las acciones judiciales oportunas" por las retenciones que se produjeron en la AP-6 entre los días 6 y 7 de enero, y que afectaron a más de 3.000 vehículos.

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