El próximo 11 de febrero un total de 38.636 agricultores y ganaderos podrá votar en las elecciones al campo para elegir a sus representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Opas) más representativas de Castilla y León para los próximos cinco años, según la convocatoria acordada ayer por el Consejo de Gobierno.
La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el censo es inferior en 4.178 personas al de las últimas elecciones a cámaras agrarias, porque en ese momento la votación estuvo abierta a titulares de explotaciones, familiares y asalariados vinculados al sector.
En esta convocatoria, conforme a la ley Agraria, los agricultores y ganaderos con derecho a voto tienen que ser titulares de explotaciones, estar dados de alta en la Seguridad Social e inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias, precisó Marcos, de ahí que en la anterior cita fueran 42.814 y en el censo actual 38.636.
Marcos manifestó que "todos han cedido" para buscar el consenso y para la elección de la "fecha más cómoda" y recordó que algunos querían que las elecciones se acumularán con las nacionales y otros que se celebrarán ahora. En otro orden de cosas, Marcos sostuvo que si se plantea una condonación de la deuda para Cataluña, como ha planteado el candidato del PSC, Miquel Iceta, defenderían los intereses de la comunidad y que "sean para todos", a la vez que reclamó rigor y dejar las improvisaciones y las ocurrencias cuando se habla de la financiación autonómica.
Además, el Consejo de Gobierno autorizó ayer a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la partida de 74,1 millones de euros, con un incremento del 2,5 por ciento, para garantizar la financiación de un total de 7.235 plazas concertadas, de las que son beneficiarias las personas con discapacidad de las nueve provincias de la comunidad.
Las térmicas y Zapatero
Milagros Marcos dijo también ayer que la investigación de las instituciones europeas sobre ayudas a las centrales térmicas "no es un tema autonómico ni de legalidad" y ha remitido el problema a la época del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Preguntada por si la Junta tenía conocimiento de la apertura de este expediente, Marcos ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la investigación se centra en si "eran o no ayudas de Estado".
