El Gobierno de Castilla y León constituía ayer la Comisión de Ética Pública, máximo órgano en materia consultiva para este asunto en la comunidad autónoma, que entre otras funciones velará por la transparencia, ejemplaridad y austeridad de los altos cargos de la administración autonómica.
Su constitución viene exigida por el Estatuto de Altos Cargos y ha quedado configurada por el máximo responsable de la consejería competente en materia de Inspección General de Servicios, José Antonio de Santiago, en su calidad de vicepresidente del Gobierno regional y consejero de la Presidencia.
Los restantes miembros son la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López; el secretario general de la Consejería de Presidencia, José Manuel Herrero; y tres expertos designados por la Junta de Castilla y León entre catedráticos y profesores universitarios del ámbito jurídico.
