Castilla y León ofrecerá los permisos turísticos de pesca a quienes pernocten en alojamientos turísticos de la comunidad o contraten el acompañamiento por un especialista en pesca, como forma de dinamizar el medio rural y tirar de las pernoctaciones, el empleo y el gasto turístico.
Esta es la principal novedad del decreto que regula el reglamento de pesca de Castilla y León, que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, según ha detallado en rueda de prensa posterior el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Se trata de permisos de quince días de duración reservados a empresas turísticas para contribuir a la mejora de la actividad económica del medio rural, y se plantean además como un nicho de creación de empleo en una comunidad en la que hay 10.453 kilómetros de aguas trucheras y 17.750 de pesca fluvial, ha explicado el consejero.
Estos permisos turísticos de pesca no podrán superar el diez por ciento de los permisos de la comunidad, ni el quince por ciento de los de cada provincia, del 15 por ciento en los cotos de alta ocupación o el 30 por ciento del resto de cotos.
La pesca es "un nicho de atracción de turismo muy relevante", ha insistido Suárez-Quiñones, que también ha destacado como novedades la regulación del Fondo para la Gestión de la Pesca, que va a permitir que los ingresos derivados de las licencias y los permisos, que son unos tres millones de euros, se puedan reinvertir en la mejora de los ríos de la Comunidad y la pesca.
En el mismo Consejo se decidió que la sanidad de Castilla y León podrá contar con hasta cinco sanitarios eméritos cada año, profesionales jubilados menores de 75 años que podrán colaborar e incluso tener una labor docente, como forma de reconocer el prestigio y relevancia a lo largo de su vida laboral.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado el reconocimiento de esa figura del profesional emérito de la sanidad regional, nombramiento que tiene una duración inicial de dos años, prorrogables hasta que alcance los 75 años aunque una vez extinguida la designación se mantendrá su carácter vitalicio y honorífico. Por último, el Consejo de Gobierno autorizó ayer un gasto de 15,6 millones de euros para el contrato de adecuación, explotación y mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y emergencia 112 de Castilla y León. La partida, con cargo a los presupuestos hasta 2020, se destinará a facilitar la integración tecnológica con el Centro Coordinador de Urgencias Sanitarias de la Consejería de Sanidad.
