El plan de inserción sociolaboral de Castilla y León propició en su primer año de aplicación, el 2016, 11.800 contrataciones de personas vulnerables o en exclusión social, de las que el 53% fueron empleos protegidos, por lo que la Junta potenciará más la contratación vía empresa privada. Se trata de un plan para que "nadie se quede fuera de la recuperación" económica en la comunidad y que busca "romper el bucle de la exclusión social y evitar la cronificación de la pobreza a través de empleo", y en esa línea ha dado "buenos resultados", refirió ayer en rueda de prensa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. La mayor parte de esos empleos fueron temporales y un 53%, 6.303, son empleos protegidos en centros especiales de empleo y empresas de inserción; con otro millar de contrataciones a través de la empresa privada, de ellas 503 de personas con discapacidad, 232 en riesgo de exclusión y dieciséis mujeres víctimas de violencia machista.
García ha anticipado que si hasta ahora en las cláusulas sociales en contratación se beneficiaba a las empresas privadas que contrataran a personas más vulnerables para cumplir con esos contratos, ahora se impulsará la contratación con las que ya cuenten en sus plantillas con perceptores de la renta de ciudadanía, personas con discapacidad o víctimas del maltrato.
Como balance del primer año del plan, que va del 2016 al 2020, la consejera ha explicado que se realizaron 14.000 acciones formativas en las que participaron más de 84.000 personas vulnerables, con el fin de mejorar su empleabilidad .
