Acuerdo en la Audiencia Provincial de Ávila en relación con el caso de supuestos abusos sexuales del que estaban acusados dos funcionarios del Centro Penitenciario de Brieva que finalmente han sido condenados a un año de prisión y seis de inhabilitación, y un año y seis meses de prisión y seis de inhabilitación, respectivamente, tras reconocer haber realizado proposiciones sexuales a internas, delito estipulado en el Código Penal de forma específica para los funcionarios de prisiones.

El acuerdo supone una reducción de las penas que pedían tanto la acusación particular, de tres años de prisión y seis de inhabilitación para uno de los acusados, y de seis años de cárcel y doce de inhabilitación, para el otro, así como también respecto a la propuesta inicial del Ministerio Fiscal, en este caso de cuatro años de prisión y doce de inhabilitación en ambos casos, a la vez que no reconoce la existencia de abusos sexuales, algo que sí pedía la acusación particular.

Aunque inicialmente habían negado los hechos, la sentencia reconoce que uno de los funcionarios realizó proposiciones sexuales a una de las internas en una ocasión -realizar un trío en el que también participara la pareja de ésta, también presa en este centro penitenciario-, por lo que se le condena a un año de prisión y seis de inhabilitación por un delito de abuso en el ejercicio de la función pública, mientras que al otro acusado se le condena a un año y medio de prisión y mismo tiempo de inhabilitación por un "delito continuado de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones", tras haber realizado propuestas de este tipo a tres internas, llegando incluso a besar a una de ellas en la "boca " para cobrase la reparación de un televisor", tal y como recoge la sentencia.

Este fallo pactado "supone bajar las pretensiones por parte de la acusación en aras a garantizar una condena", apuntó la abogada de dos de las internas y representante de la Asociación Clara Campoamor, Ángeles López, que explicó que los hechos se remontan a octubre de 2013 y que "las presas nunca denunciaron lo mismo", sino que tras proponer uno de los funcionarios a una interna realizar un trío la misma comenzó a comentar este hecho con otras internas, lo que llegó a oídos de otros funcionarios y de ahí a la dirección del centro, que procedió entonces a activar un protocolo que a su vez dio lugar a una investigación por parte de la Inspección de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

A raíz de esta investigación, que se prologó hasta el año 2015 y durante la cual se suspendió de empleo y sueldo a uno de los acusados, salió a la luz la existencia de "otros funcionarios que proponían relaciones a las internas", algo que estos empleados públicos tienen expresamente prohibido y estipulado como delito en el artículo 443.2 del Código Penal, aun incluso en el caso de que la interna quiera mantener relaciones, como precisó la letrada de la acusación.