La Junta de Castilla y León decidió asumir la tutela de Sara Feraru, la niña de 4 años que falleció el 3 de agosto en Valladolid por un presunto maltrato por parte de su madre y la pareja de ésta, por la negligencia de su progenitora y su falta de colaboración con los Servicios Sociales un día antes de que la menor muriera tras ser ingresada en el Hospital Clínico Universitario de la capital.

En concreto, la Comisión de Valoración, en reunión del 2 de agosto, propuso la asunción de la tutela de Sara y su hermana al considerar que la madre "no reconoce ni es consciente de las necesidades de las menores" así como negarse a aceptar "ayuda instrumental" para las niñas. Este órgano, dependiente de los Servicios Sociales de la Junta, también detectó una "inadecuada organización parental" en el cuidado de los menores, "con posible situación de negligencia por parte de la madre". Por último, se alegó una "falta de colaboración" de la madre con los servicios de protección tras dos visitas domiciliarias fallidas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien compareció hoy en las Cortes a petición propia para informar sobre las actuaciones de los servicios de protección a la infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid en relación a la menor Sara Feraru, aseguró que la decisión adoptada por la Comisión de Valoración no se debió a que hubiera indicios de que pueda existir un "riesgo vital" para las niñas. En cambio, se valoró que podía haber una desprotección por el comportamiento negligente por la madre pero no de desamparo.

Una vez adoptada esta decisión, un profesional de la Gerencia contactó por teléfono con la madre para citarle y comunicarle la tutela de las menores. La progenitora manifestó que no podría acudir a esa cita por estar en el hospital con Sara y que la niña sufría una parada cardiorespiratoria. Fue entonces cuando se trasladó a la trabajadora social del Clínico que la menor no se podía entregar a la madre tras el alta hospitalaria, algo que no fue posible por el fallecimiento de la niña a las pocas horas. Mientras, la hermana fue trasladada al centro asignado.

García subrayó que la decisión adoptada por la Junta en este asunto fue "la adecuada" en función de la información que disponían los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales. No en vano, recordó que ni la policía, ni el ministerio fiscal ni la autoridad judicial ni los familiares (tíos maternos) advirtieron de la existencia de un "riesgo vital" para las niñas ni para la madre. No en vano, la principal hipótesis que mantenían era la existencia de una situación de violencia de género de la que presuntamente podría ser responsable la expareja de la madre y padre de Sara que, en ese momento, se encontraba en el Reino Unido por motivos laborales.

Alicia García también anunció que convocará en septiembre la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León para crear una comisión de expertos de las diferentes administraciones y entidades que trabajan con la infancia.