El Gobierno anunció ayer el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, decisión que hizo pública una semana antes de que expirase el plazo de seis meses que se tomó para dirimir la solicitud hecha por las empresas propietarias en 2014 de continuar la explotación de la central por 17 años más, hasta 2031.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, compareció ante los medios de comunicación para explicar esta decisión de denegación de la renovación de la autorización motivada sobre todo por su "utilización política" y por su escaso aporte al sistema energético español, "nulo desde hace cinco años".
"La central de Garoña se cerrará porque se ha utilizado políticamente con posiciones adoptadas de antemano", justificó Nadal tras describir un contexto político de "incertidumbre" que llevó a los grupos parlamentarios a presentar proposiciones de ley que buscaban el cierre del parque nuclear español. Una proposición que fue "apoyada por todos los grupos a excepción del grupo parlamentario popular".
"Cualquier central nuclear necesita certidumbre para su operación, económica, pero sobre todo política y social", una certidumbre que pretendió buscar el Gobierno en los seis meses de plazo que se dio antes de tomar la decisión para generar un "debate sosegado" sobre su futuro.
Debate que a juicio del ministro no se produjo, y que supuso por el contrario la utilización de Garoña como "un símbolo de discusión política" convirtiéndose en "un campo de batalla político y no en el interés de buscar cuál debe ser la política energética".
Nadal matizó que el caso de Garoña no es similar al del resto de centrales del parque nuclear del país. Garoña es la central más antigua del país, "pequeña" y un modelo "experimental" frente a las centrales de nueva generación que operan.
En este sentido, también se refirió a las empresas propietarias que mostraron "desinterés en operar" en un caso y en otro en situación de "litigio continuo", utilizado Garoña "para presionar".
Entre las razones para denegar la renovación el ministro enumeró también las "inversiones muy significativas" y los trabajos para ponerla en funcionamiento de nuevo, que llevaría al menos dos años. "En la situación de incertidumbre política y ante la posibilidad de aprobarse normas contra la central en ese periodo hace inviable que hubiésemos tomado otro tipo de decisión".
Tras el anuncio,
